Empresarios y trabajadores del ocio nocturno catalán han recibido este jueves como un verdadero jarro de agua fría la decisión judicial que avala, tal y como argumentó la Generalitat, prolongar el cierre del ocio nocturno por motivos sanitarios ante la quinta ola de la Covid.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dado la razón al Govern y ha rechazado el recurso que había solicitado la patronal del sector de las discotecas y de los bares musicales, la Federación Catalana de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm), alegando que no han aportado documentación o un informe pericial que acredite que los controles de acceso a recintos de ocio nocturno cerrados (los ubicados al aire libre pueden abrir con restricciones en Cataluña) sean igual de "eficaces" en la lucha contra los contagios de coronavirus que mantenerlos cerrados.
El Alto Tribunal catalán ha prorrogado una semana más las medidas restrictivas acordadas por la Generalitat y que ya se alargaron el pasado 19 de agosto en la comunidad. El auto cerraba la puerta a reabrir los espacios interiores de los locales nocturnos y mantiene las 00.30 horas como el horario límite para el cierre de la restauración. La única novedad tras el aval del TSJC es que el Govern amplía del 50 al 70% las clases teóricas presenciales en la universidad.
Dentro de esta misma prórroga de las restricciones para luchar contra la quinta ola, se mantiene la limitación de las reuniones sociales a 10 personas y la limitación del aforo de los actos civiles y de culto religioso en un 70%. Las medidas se alargan automáticamente hoy y durante los próximos siete días.
La noticia la celebró el Govern, que recordó que "todavía hay 350 personas en la UCI y que la quinta ola no ha desaparecido", pero desanimó, en cuanto se supo, a los 20 acampados entre empresarios y trabajadores desde el pasado miércoles en la plaza de Sant Jaume reclamando la reactivación inmediata del ocio nocturno para evitar un cataclismo económico y laboral en el sector, que lleva 17 meses cerrado (menos un único intervalo de 15 días de apertura del 20 de junio al 8 de julio de 2020). Otras cuatro personas están en huelga de hambre indefinida.
La decisión judicial conocida provocará aún más macro botellones en las calles y fiestas ilegales, de las que no se escapará la próxima celebración de la fiesta mayor de La Mercè, avisan.
La patronal Fecasarm, que no se ha unido a Fecalon en la protesta en Sant Jaume, vaticinó que la decisión judicial conocida ayer provocará aún más macro botellones en las calles y fiestas ilegales, de las que no se escapará la próxima celebración de la fiesta mayor de La Mercè, del 23 al 26 de septiembre. Su secretario general, Joaquim Boadas, se mostró decepcionado con la decisión judicial y aseguró que la recurrirán. "Supone no solo un riesgo importante de aumento de contagios sino también un grave problema de alcohol, peleas, ruido, suciedad y enfrentamientos" entre los asistentes y las fuerzas policiales, criticó.
El representante aseveró que no cesarán en su empeño de negociar con la Generalitat un protocolo de acceso seguro a los espacios interiores mediante un test de detección previo con resultado negativo y la acreditación de haberse vacunado de las dos dosis contra la Covid o de haber pasado la enfermedad de tres y seis meses antes.
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